La vieja tarea de separar opiniones de informaciones no es tan fácil cuando se ha de obedecer a la voz del dueño. En el mundo de la TV es fácil advertirlo. Se trata de un medio de audiencias masivas y que busca el mayor porcentaje de share.
En Barcelona al sintonizar el Canal 8 del grupo Godó, o TV3, BTV o cualquier canal municipal nunca se escuchará la expresión «referéndum ilegal» refiriéndose al 1-O. Tampoco a la «suspendida ley de transitoriedad». Eso implicaría estar contra la percepción del telespectador y su imaginario, sin embargo es la cruda realidad.
Tampoco se escucharán debates en igualdad de condiciones. Siempre el bando más «anti» es el que ocupa mayor espacio, bien en invitados, bien en tiempo de intervención, por la simple regla que provoca más reactividad en el público. No es negocio organizar careos con igualdad de participaciones. Sería aburrido.
Expresiones como «violencia legal», «estado represor«, «golpista», «atentado institucional», etc, forman parte del vocabulario en el argumentario de los participantes. El relato sin ese aderezo sería monótono y cansino. No obstante, siempre viene el «catedrático» de turno a dar la razón, sin réplica, a la parte institucional.
Al margen del compromiso político de los conductores o presentadores de los programas, es evidente que es un factor influyente. Lo más llamativo es la absoluta falta de autocrítica cuando se les recrimina la manipulación y los excesos. Al final, las críticas llueven desde la misma población que en las manifestaciones arremeten contra dichos medios.
La interrelación con la red social es permanente. Si el Presidente Carlos Puigdemont decide comunicar por Instagram su no comparecencia en el Senado el ritmo de los informativos se revoluciona.
Un tuit de Oriol Junqueras puede desvelar su nueva postura respecto a la firma o no de una declaración de independencia, y así, cada minuto abre un escenario distinto.
El poder también se ha venido arriba con internet, pero eso no le exculpa de tener que respetar la simultaneidad en la difusión de sus mensaje por otras vías, especialmente con la TV y la radio.
«La otra» TV, Youtube, es implacable con la TV convencional. No pasan desapercibidos los estropicios ni las omisiones de los informativos retratados en este canal multimedia. De hecho, las campañas testimoniales con vídeos promocionales de una y otra opción llegan a ser el material de las misma emisiones televisivas.
Son montajes manipulados y con clara vocación provocadora, sin pretensiones informativas serias. Pero ése es su genero, más propio del de Teletienda o el de un canal comercial.
Se habilitan espectáculos en plazas públicas con pantallas gigantes en la misma calle para sintonizar los informativos de TV3 y arengar a las masas. Simultáneamente se opta por dar mítines agitadores sin ningún escrúpulo, como si el mismo presentador del programa tuviera un guión previamente diseñado a tal efecto. Sólo hace falta ir por ejemplo a la plaza del Ayuntamiento de cualquier ciudad , como Sabadell, por ejemplo.
Huele mal.
Cuando se escriben estas líneas, el Colegio de Periodistas de Cataluña, en cuya cúpula son mayoría los profesionales de medios subvencionados por la Generalitat de Cataluña o directamente son propiedad suya, ha sido capaz de emitir comunicados en defensa de la interferencia del poder político.
Curiosamente del poder político del Gobierno central, pero no del autonómico. Sospechoso. Otra vez falló la autocrítica.
Otros han arremetido estos días contra TVE al observar que el criterio de selección y de cobertura de las informaciones sobre el conflicto secesionista ha sido muy limitado. En cierto modo, sería explicable por sus gestores, pues es la TV autonómica la que presta ese servicio público y no es preciso duplicarlo.
Cinismo quizás, pero el mismo al que se le puede anotar a la parte contraria.
En conclusión, demasiada emocionalidad mediática y poca racionalidad en el planteamiento de la información en momentos críticos, con una visión miope de la responsabilidad social al no dar voz a todas las partes representativas y con la equidad que exige un medio público.
No se puede pedir a un informador que sea juez y sin carnet, como David Bassa, director de informativos de TV3, pero al menos que cumpla con un mínimo de respeto a todas las partes con derecho a ser reconocidas en los tiempos de emisión.