La tasa Google del tres por ciento, según el Gobierno actual, con un pellizco de 1.200 millones de euros es la que ayudará a pagar las pensiones, pero no los 120.000 euros de sueldo anual de los presidentes autonómicos.
Una injusticia para los pobres representantes del pueblo, que sin duda no regatean con otros impuestos más jugosos como el de sucesiones, dramáticos para la gente de la calle que se ve obligada a renunciar a la herencia del patrimonio familiar.
La realidad mediática siempre supera a la ficción. Las consecuencias directas de la tasa Google son la subida de precios del comercio online y la disminución de ingresos en el sector publicitario, puesto que encarecerá Adwords y reducirá las comisiones de Adsense. Obvio.
Esa tasa no la pagará Google, sino el comprador y el usuario de Google. Esta compañía lleva años ofreciendo gratuitamente los mejores servicios de la red y formación que más quisieran muchas universidades. Prepárese a pagar por Gmail o las llamadas de WhatsApp.
Facebook , Twitter o Uber tampoco se escapan.
El segundo gran perjudicado será Amazon, por las razones de comercio electrónico. Ni que decir tiene del efecto sobre todos los demás portales de comercio, intermediarios, logística y el consiguiente encarecimiento del comercio internacional. Lo dicho, hay mil impuestos que se pagan pero nadie sabe a cambio de qué.
Universidades en vez de tasas
¿No sería más práctico ofrecer a las grandes tecnológicas de la comunicación la posibilidad de instalarse y solucionar problemas medioambientales históricos en vez de impulsar macro-micro-narcocasinos?
Por ejemplo, en Alicante existe su antigua cementera con residuos cancerígenos de amianto que nadie logra desmantelar. Está bien plagada de suciedad, accidentes mortales, delincuencia y contaminación grave para los 20.000 universitarios que la rodean y sus habitantes de San Vicente del Raspeig.
Amazon, Google o cualquier operador global de comercio online daría lo que fuera por ese terreno junto al aeropuerto y la autopista. Un enclave de lujo en el Sureste español.
Sería incluso el mecenas para satisfacer las intenciones de la Universidad de Alicante (UA) e impulsar su nuevo «campus de la innovación«.
¿Qué son 20 millones de euros para estos gigantes?
Pero no, a por la pasta del mercado que es más práctico y cortoplacista.
Pensar con mentalidad colaborativa y no destructiva. Esa es la nueva cultura del desarrollo sostenible y que los medios pueden promover con análisis más sopesados. Es hora de no depender contínuamente de la cantinela dialéctica política superficial.